Canal de denuncias en las empresas según ley 2/2023
Todo lo que necesitas saber
Hace casi un año, se publicaba en el BOE la Ley 2/2023 con el objetivo de proteger a las personas que denuncian prácticas corruptas o ilegales que se estén produciendo dentro de las empresas u organizaciones. Además, la nueva ley incluye cuestiones específicas en materia de protección de datos.
Es así, todas las empresas, con más de 50 empleados, deben contar con un canal de denuncias a través del cual, los trabajadores podrán informar de cualquier infracción normativa o conducta corrupta que hayan detectado. La norma obliga a esta medida porque considera que es preferible que esa información sensible se conozca por la propia organización para corregirla o repararla.
Además, el canal debe ser accesible para todo el personal de la empresa y también para personas relacionadas con la organización como proveedores, ex trabajadores/as, personas autónomas subcontratadas o personal pasante.
En definitiva, desde el pasado 1 de diciembre de 2023 todas las empresas, con las siguientes características, deberán tener implementado su canal de denuncias:
- Que tengan más de 50 trabajadores.
- Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
- Que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente.
Sanciones por no cumplir con el canal de denuncias obligatorio
Las empresas que no cumplan con la obligación de contar con un canal de denuncias, o que no adopten medidas para garantizar la protección de los denunciantes, se enfrentarán a sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta la disolución de la sociedad.
El régimen sancionador establece multas de entre los 10.000 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa, en caso de no garantizar la protección de los denunciantes o de no tomar medidas para evitar represalias, también pueden ser sancionadas con multas que van desde los 10.000 hasta los 300.000 euros. Por ejemplo, a nivel individual, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.
La ley también contempla la posibilidad de imponer otras medidas, como la suspensión de contratos o la disolución de la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que las empresas cumplan con la normativa y garanticen la protección de las personas allí trabajan.
Formación para adaptarse a la nueva normativa
En Lagom Soluciones apostamos por el “buen ambiente laboral” con nuestras empresas clientes, para ello hemos creado este nuevo contenido, tanto en modalidad online como presencial, con el que podrás conocer al detalle en qué consiste esta nueva Ley y cómo puedes aplicarla de la mejor manera en tu empresa:
Esta formación permitirá:
- Comprender las normas por las que se rige el Sistema Interno de Información que la empresa ha de implantar.
- Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
- Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
- Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
- Conocer el régimen sancionador de los canales de denuncias.
Si te interesa esta formación para tu empresa; contáctanos, prepararemos toda la información y resolveremos todas las dudas que tengas al respecto.
Conclusión
El establecimiento de un canal de denuncias en las empresas, respaldado por la Ley 2/2023 e implementado a través de contenidos formativos adecuados, representa un paso significativo hacia la promoción de un ambiente laboral saludable y transparente.
La existencia de un canal de denuncias no solo cumple con un requisito legal, sino que también fortalece la confianza y la lealtad de los empleados, promoviendo una cultura organizacional basada en la integridad y el respeto.
Este tipo de acciones formativas son cruciales para el entendimiento pleno de los derechos y responsabilidades en el marco de esta legislación, tanto para la empresa como para sus trabajadores, garantizando un entorno laboral seguro y ético para todos los involucrados.
