Tribunal Supremo sentencia a favor de la Formación Bonificada
La sentencia
El Tribunal Supremo, a través de las recientes sentencias 581/2024 y 590/2024 fechadas el 30 y 31 de enero de 2024 respectivamente, ha establecido un precedente significativo en la defensa de la Formación Bonificada en España.
Estas sentencias permiten a las empresas y entidades organizadoras de formación impugnar ante la justicia administrativa las decisiones de no conformidad emitidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en relación con los expedientes de Formación Bonificada.
Este cambio jurisprudencial se fundamenta en el análisis de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual reconoce el derecho a recurrir en la vía contencioso-administrativa contra actos que finalizan la vía administrativa.
Lo que supone para Empresas y Entidades Formativas
Estas sentencias tienen implicaciones trascendentales para el sector de la Formación Profesional para el Empleo, ofreciendo a las empresas y entidades organizadoras un mecanismo más ágil y eficaz para defender sus derechos frente a las decisiones del SEPE.
La posibilidad de recurrir las no conformidades promete incrementar la seguridad jurídica y mejorar la gestión de los expedientes de Formación Bonificada, evitando la duplicidad de procedimientos y contribuyendo a una resolución más rápida de los conflictos.
Este nuevo marco legal representa un avance importante en la protección de los intereses de las empresas bonificadas y las entidades organizadoras de formación, facilitando una mayor transparencia y equidad en el proceso de Formación Bonificada.
Al permitir la impugnación de las decisiones del SEPE, se fortalece la confianza en este sistema y se asegura que los participantes puedan ejercer sus derechos efectivamente. Este desarrollo es un paso adelante hacia la mejora continua de la formación profesional en España, garantizando que los recursos destinados a la capacitación de los empleados se gestionen de manera justa y eficiente.
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Profesores y Tutores Autónomos.
En un reciente fallo del Juzgado de lo Social de Murcia, se resolvió a favor de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) en un litigio contra la Inspección de Trabajo.
La disputa se centraba en la contratación de profesores como autónomos para impartir cursos de formación, que la Inspección de Trabajo cuestionaba, argumentando que deberían ser considerados como trabajadores por cuenta ajena. El juez determinó que los profesores no cumplían los requisitos para ser clasificados como empleados de la entidad, destacando la falta de un horario fijo y un control jerárquico directo.
Se destaca, en particular, que la modalidad de contratación de profesores como autónomos facilita la inclusión de expertos y profesionales de diferentes campos, lo que enriquece la calidad y el valor práctico de la educación proporcionada.
Se espera que este fallo sirva como referencia para resolver futuras controversias similares, promoviendo un entorno más seguro y flexible en el desarrollo de programas de formación, llamando a la Inspección de Trabajo respecto a la contratación autónoma en el sector educativo, con el fin de favorecer un modelo de formación que priorice tanto la flexibilidad como la calidad, beneficiando así a todos los actores involucrados.
¿Qué significan estas noticias para las empresas?
- Mayor seguridad jurídica: Las empresas ahora cuentan con más garantías al bonificar la formación.
Mayor flexibilidad: Se amplían las posibilidades de bonificar cursos online y otras modalidades formativas.
Mejora de la competitividad empresarial: Una plantilla mejor formada es más productiva e innovadora.
Aumento de la motivación de los empleados: La formación es clave para la promoción interna y el desarrollo profesional.
En Lagom Soluciones, como centro de impartición y gestión de formación bonificada, celebramos y respaldamos las medidas adoptadas por el ente judicial. Este pronunciamiento representa un importante avance para el sector de la formación y para las empresas en general.
La claridad y seguridad jurídica que proporciona este tipo de decisiones contribuyen significativamente a mejorar el entorno en el que operamos, permitiendo un desarrollo más eficiente y transparente de nuestros servicios.
Estas decisiones judiciales no solo fortalecen la confianza en el sistema, sino que también promueven un ambiente propicio para la innovación y el crecimiento en el ámbito de la formación bonificada.
