Hace casi un año, se publicaba en el BOE la Ley 2/2023 con el objetivo de proteger a las personas que denuncian prácticas corruptas o ilegales que se estén produciendo dentro de las empresas u organizaciones. Además, la nueva ley incluye cuestiones específicas en materia de protección de datos.

Es así, todas las empresas, con más de 50 empleados, deben contar con un canal de denuncias a través del cual, los trabajadores podrán informar de cualquier infracción normativa o conducta corrupta que hayan detectado. La norma obliga a esta medida porque considera que es preferible que esa información sensible se conozca por la propia organización para corregirla o repararla.

Además, el canal debe ser accesible para todo el personal de la empresa y también para personas relacionadas con la organización como proveedores, ex trabajadores/as, personas autónomas subcontratadas o personal pasante.

En definitiva, desde el pasado 1 de diciembre de 2023 todas las empresas, con las siguientes características, deberán tener implementado su canal de denuncias:

• Que tengan más de 50 trabajadores.
• Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
• Que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente.